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Deuteronomio Quince Once Comedor Social Benefico

En el comedor comunitario se pretende garantizar el objetivo de suplir  una necesidad humana básica como es el derecho a la alimentación; además de otras posibilidades como adquirir hábitos de higiene e incluso contribuir en el desarrollo de estilos de vida saludables.
Esta orientado a los ciudadanos que se ven perjudicados por los devastadores efectos de la Crisis Económica Mundial, en alarmante proceso de aumento, siendo de preferente atención, aquellos hogares sin ingresos económicos por la pérdida del empleo, de uno, varios o todos los miembros de la unidad familiar;  las personas que ya se encuentran en el margen más cercano de la línea de la pobreza y, en especial, aquellas que ya lo han superado como son las personas sin Hogar.

Los comedores sociales abren sus puertas a todos. Hasta hace unos años, los usuarios habituales eran personas en riesgo activo de exclusión social, pero ahora son frecuentes también quienes se han quedado sin empleo e, incluso, familias enteras con graves problemas económicos.
Los últimos informes obtenidos sobre pobreza, ciudades y exclusión social contienen una tabla comparativa con información aportada por los ayuntamientos sobre número de comedores, comidas, plazas, servicios disponibles y precio, gestionados por ONG´s e instituciones públicas. Su fin es conseguir que todos los ciudadanos que lo demanden, se alimenten al menos, con un  plato de comida balanceada cada día.
En algunos centros incluso se entrega ropa a las personas más necesitadas, se prestan servicios sanitarios y asesoramiento para ayudar a salir de esta situación. Cada vez es mayor el número de personas extranjeras y desempleadas que acuden así como mayores con pensión no contributiva
Respaldan esta afirmación los datos que maneja Cáritas Española en su último informe sobre los efectos de la crisis económica, en los indicadores de pobreza y exclusión social, realizado en el segundo semestre de 2010. Este estudio revela que más de nueve millones de personas viven en situación de pobreza en España, al no superar sus ingresos en 6.000 euros anuales.
También se pone de manifiesto que en 2007 el 34,9% de la población estaba en situación de integración precaria; mientras que a finales de 2009 la cifra se disparó hasta el 46,3%. En dos años el nivel de población en situación de pobreza moderada pasó del 16% al 19,6%.

La normativa (ley 7/85) establece que cada municipio debe ejercer las competencias que les sean atribuidas en materia de prestación de servicios sociales y de promoción, y favorecer la reinserción social de los ciudadanos que menos recursos tienen. Además, los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes están obligados a conceder estas prestaciones sociales.

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